Detenido el exdirector financiero del Grupo Vera por un «expolio» de más de 100 millones en la liquidación de la empresa
Al administrador que pilotaba el concurso de acreedores le hallaron 450.000 euros en efectivo. La Policía Nacional acusa a los siete investigados de diseñar un entramado para hacerse con los bienes de la constructora malagueña a precios «irrisorios»
Antonio C.R., antiguo director financiero del Grupo Vera, la que fue una de las constructoras más importantes de la Costa del Sol, ha sido detenido por supuestamente coliderar un «entramado criminal» diseñado —según fuentes de la Policía Nacional— para «expoliar» la compañía durante su etapa de liquidación. Una operación en la que también involucran al administrador concursal que pilotó ese proceso desde 2017, Miguel M.F., y a tres familiares del exdirectivo: su esposa —María Pilar R.T.— y dos hijos —Antonio Jesús C.R. y Pilar Natalia C.R.—. Junto a estos cinco, han sido arrestados un proveedor que trabajó para la constructora en el pasado, Antonio M.P., y su esposa, María Dolores G.O. Los siete, dependiendo de su grado de participación, están siendo investigados por los presuntos delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha podido saber El Confidencial de fuentes policiales.
La investigación, que se precipitó a mediados del pasado mes de febrero con las primeras detenciones, arrancó en septiembre de 2023 con una denuncia que alertaba de presuntas irregularidades para hacerse con los activos de la empresa a unos precios «irrisorios» con operaciones valoradas en «más de 100 millones de euros».
La pesquisas del Grupo II de Blanqueo y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga se han remontado a 2017, año en el que se inicia el proceso de liquidación de la mercantil, y dos ejercicios económicos después de que se declarase el concurso de acreedores. Las indagaciones se han centrado en dos sociedades vinculadas al grupo propietarias de «terrenos, inmuebles y derechos de cobro de entidades públicas» que —presuntamente— acabaron en manos de los detenidos a través de una red de nueve mercantiles.
Las conclusiones policiales hablan de «expolio» y «desfalco» de la «masa concursada» de la compañía, para lo que se habría contado con la supuesta colaboración del administrador concursal, quien —según estiman los responsables del caso— «hacía la vista gorda» ante las sospechosas transacciones de adquisición de activos.
A este elemento clave en la investigación, designado por el juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga para pilotar el concurso, y considerado colíder de la trama, se le hallaron 450.000 euros en efectivo.
Antonio C.R., que fue “mano derecha” del fallecido Francisco Vera, creador de la constructora y quien la situó como una de las más importantes del país, al parecer disponía de «información privilegiada» para hacerse con bienes a precios «ridículos». La Policía Nacional considera que su esposa y sus hijos, profesionales cualificados del sector, presuntamente participaron en la configuración de una red de empresas «para quedarse con los activos».
En esta tarea también sitúan a Antonio M.P., al frente de una firma radicada en el municipio malagueño de Casarabonela, y que, según se desprende de las indagaciones, habría formado parte del engranaje con «la prestación de servicios ficticios«. En el pasado trabajó para la compañía y mantenía una relación estrecha con el exdirector financiero.
El plan de liquidación de la constructora se estimó en 200 millones de euros y los agentes del Grupo de Blanqueo han estimado que la trama «se ha lucrado de manera ilícita» con propiedades del Grupo Vera que superan los 100. Las consecuencias de esta presunta secuencia delictiva es que «se imposibilitó las legítimas expectativas de cobro de los que se debía a la mayoría de acreedores y proveedores». El más afectado, según apuntaron las fuentes consultadas, la Hacienda Pública, que era quien reclamaba el montante más elevado: unos 50 millones, según pudo saber este periódico.
Durante la operación Drave, los agentes practicaron cuatro registros domiciliarios —dos en la capital malagueña, uno en Marbella y otro en Casarabonela— y se bloquearon numerosos activos financieros por, al menos, 2,5 millones de euros. Además, se ha prohibido la disposición y enajenación de «gran cantidad de bienes inmuebles y vehículos» valorados en más de 140 millones de euros, según las fuentes consultadas. Destacan, sobre todo, los aproximadamente 170 inmuebles y casi una quincena de coches.
Los siete detenidos son investigados por insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El juzgado de Instrucción número 3 de Málaga instruye una causa cuyo secreto de las actuaciones se levantó en las últimas horas.
